Este lío de un presunto caso de corrupción inicia en el año 2020 cuando se da marcha a un proyecto que pretendía el funcionamiento de más de siete mil puntos digitales en el país.

Para tal proyecto, se había hecho la adjudicación de un contrato otorgado a la firma Unión Temporal Centros Poblados por un valor de $1.07 billones, a través del cual la empresa se encargaría de instalar centros digitales para la conexión a internet primordialmente en zonas rurales apartadas del país.

El problema empezó cuando el Ministerio TIC alcanzó a desembolsarle más de 70.000 millones de pesos a Centros Poblados. Aún así, cuando habían pasado 8 meses desde que se inició el proyecto y la firma solo habían avanzado en un 1% del proyecto.

Los encargados de proyecto habían presentando una garantía falsa que supuestamente había otorgado el Banco Itaú. Sin embargo, la entidad bancaria la que confirmó que no se les había expedido ningún documento relacionado. Se conoció también, que habrían falsificado pólizas de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo y el Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.

Y para completar, denuncias periodísticas revelaron que las empresas que hacían parte de la Unión Temporal Centros Poblados no contaban con la experiencia ni la capacidad técnica y financiera para poder ejecutar el proyecto.

La Ministra TIC, Karen Abudinen, está siendo una de las señalas por esta  pérdida millonaria. Ella aún no se pronuncia, los políticos exigen su renuncia, y las comunidades rurales seguirán a la espera del desenlace de esta historia pero sin la conexión a internet que alguna vez les prometieron.